LA COSTA PRIVILEGIADA
POR LAURA CABRERA Y MARIO GONZÁLEZ
“Hay una diferente vara de medir en función de quién sea el propietario de los terrenos: cuando tienen un poder adquisitivo pequeño no hay problema para hacer cumplir la ley, pero cuando se encuentran con una multinacional, la cosa cambia”, denuncia Rubén Pérez, portavoz de la Plataforma Salvar La Tejita, frente a un esqueleto de metal y piedra que amenaza con convertirse en el complejo hotelero más llamativo de toda Granadilla.
12/05/2020
A las once y cuarto comenzaban a concentrarse los manifestantes. Algunos traían pancartas; otros, tambores. Algunos eran miembros de Salvar La Tejita, asociación organizadora de la protesta; otros se habían sumado después de ver el cartel en redes sociales. En menos de veinte minutos el grupo pasó de estar formado por unos pocos a ocupar toda la acera. Fue entonces cuando se encendieron los megáfonos:
“¡GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, LA TEJITA SE DEFIENDE!”
El escándalo sorprendió a los turistas que disfrutaban del sol y la brisa del mar. El motivo de la marcha: la construcción de un hotel de cinco estrellas a menos de veinte metros de la costa. La multitud, cada vez más agitada, manifestaba con rabia una situación, como tantas otras han ocurrido en el litoral canario, propiciada por la aplicación polémica de una de las leyes más controvertidas de todo el ordenamiento jurídico español: la Ley de Costas.
ASOCIACIONES ECOLOGISTAS SE MANIFIESTAN EN LAS INMEDIACIONES DEL HOTEL DE LA TEJITA
(LAURA CABRERA)
UNA “SOLUCIÓN” URGENTE
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presentó el pasado año la Agenda Urbana Española, un “documento estratégico que persigue el logro de la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano”. En él se expone que “en el año 2006, más del 75% de la costa española estaba urbanizada, cifra que coincide con los datos actuales”.
Según COSTA16, informe elaborado por el Observatorio de Sostenibilidad, entre 1987 y 2011, últimos datos publicados, se han urbanizado dos hectáreas al día en los primeros 500 metros de litoral español. En tan solo 24 años, 58.550 hectáreas de suelo artificial se han transformado en 75.000, aproximadamente, la superficie total de la isla de La Palma.
Este proceso está mucho más acentuado en las costas cálidas, por lo que se deduce que el turismo es el principal condicionante. Canarias es la comunidad autónoma que experimenta la mayor aceleración del ritmo de transformación de sus suelos: entre 1987 y 2011 se urbanizaron cuatro kilómetros de litoral al año, de los cuales casi la mitad, 1,8 kilómetros, pertenecen a la isla de Tenerife. En total, el 20% de la costa del archipiélago es artificial.
El informe predice un “escenario tendencial” en el que “prácticamente todo el litoral estará urbanizado”. Asimismo, augura “un futuro insostenible, aún más por el aumento de los riesgos (tormentas, inundaciones, galernas, pérdida de playas, etcétera) asociados al cambio climático”.
Ante tal situación surge la Ley de Costas, una “solución clara e inequívoca” que, tal y como expone en su propio preámbulo, tiene como objetivo “la defensa” del litoral, de su “equilibrio y su progreso físico, la protección de sus valores y virtualidades naturales y culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la garantía de su uso y disfrute abierto a todos”.
La importancia del texto reside en la necesidad de conservar “estos espacios singularmente sensibles” y evitar “el creciente proceso de privatización y depredación, posibilitado por una grave dejación administrativa” que “ha hecho irreconocible, en numerosas zonas, el paisaje litoral”.
Ángel Lobo, abogado especializado en cuestiones relativas a la Ley de Costas en Canarias explica que se trata de “una ley estatal cuyo objetivo consiste en regular los usos y actividades en el litoral, desde la costa hasta 500 metros hacia tierra, y definir los elementos que conforman el dominio público marítimo-terrestre”.
La ley divide el litoral en cuatro partes: el dominio público marítimo-terrestre (DPMT), la zona de servidumbre de tránsito, la zona de servidumbre de protección y la zona de influencia; y regula la actividad que se puede desarrollar en cada una de ellas.
DIVISIÓN DEL LITORAL SEGÚN LA LEY DE COSTAS
¿DÓNDE ESTÁ LA CONTROVERSIA?
De los cambios “más notorios” que trajo la Ley de Costas de 1988 destaca “la aparición de una servidumbre de protección de cien metros frente a los veinte metros que, hasta entonces, aseguraba la servidumbre de vigilancia de la Ley de 1969”, afirma José Luis Langa, abogado especializado en costas y presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas en Canarias.
Además, añade que “excluye expresamente la posibilidad de que haya propiedad privada en el dominio público, aunque se encuentre inscrito en el Registro de la Propiedad y sus dueños hayan satisfecho puntualmente el pago de las tasas municipales, cuenten con escritura y hubieran adquirido su vivienda conforme al derecho”.
Langa explica que “la nueva ley convirtió así a los propietarios, a los que un nuevo deslinde incluía dentro del dominio público, en titulares de un derecho de ocupación del DPMT, lo que afectó a múltiples edificaciones”.
Pronto comenzaron a aparecer casos de familias que recibían la orden de derribo de sus casas, pues estas invadían el DPMT. Las más “afortunadas” obtenían el derecho de ocupación de 75 años mediante el pago de un canon en función del valor de la vivienda. Algunas, incluso, todavía no han recibido el aviso de las administraciones. No obstante, han sido muchos los afectados que, como declara Desirée Mejías, han presenciado cómo su vida “quedaba enterrada bajo los escombros”.
Ella era vecina del antiguo poblado de Cho Vito, uno de los casos más mediáticos ocasionados por la aplicación de la Ley de Costas.
¿RECUERDAS CHO VITO?
“De repente, en mitad de la noche, sin que nadie supiera nada, se empieza a oír en la oscuridad, en la parte alta del pueblo, el sonido de un bucio. Todo el mundo se alerta y enseguida se escucha como otro bucio le contesta, dando la señal de que la guardia civil había llegado”, recuerda Fran Pallero, fotoperiodista del Diario de Avisos encargado de cubrir el desalojo de Cho Vito, el 16 de noviembre de 2012. Esa mañana el despliegue policial fue igual de extenso que el mediático.
En 2008 ya se había procedido al desalojo de las familias que poseían segundas viviendas. Los vecinos eran conscientes de que, tarde o temprano, las excavadoras llamarían a su puerta. El fotoperiodista afirma que “se les veía deteriorados por la lucha que habían librado. La mayoría era gente mayor, con sus historias, con su vida”.
Tomás González, que en su momento tomó el papel de portavoz de los afectados, apareció en múltiples medios nacionales e internacionales: “Tras los derribos quedan todos los vecinos, sin protección administrativa, en la calle, teniendo que pasar a pagar alquileres o cohabitar con familiares. En estos momentos, se continúa pagando los impuestos de contribución por el suelo. Además, durante varios años y sin existir ya ninguna vivienda en el lugar, seguían cobrando los recibos de agua y luz sin consumo”.
Derribo de Cho Vito (Fran Pallero)
Aunque ya han pasado ocho años, los afectados siguen batallando contra las administraciones públicas. “Actualmente, resiste una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo que obliga al Reino de España a indemnizar a los vecinos, tanto patrimonial como en lo moral y personal”, expone González. Desirée Mejías expresa que “tendrán que indemnizarnos, pero no existe dinero en el mundo para pagar el horror vivido aquel día”.
Los problemas del poblado con la Ley de Costas se remontan a 1998, cuando el Gobierno central y el Gobierno de Canarias pactaron la demolición de Cho Vito y la construcción del actual paseo ubicado en la zona (aunque ya el Servicio Provincial de Costas había iniciado los procesos de recuperación del DPMT).
No obstante, no fue hasta 2005, con el Plan de Ordenación Urbana de Candelaria, cuando se informó de los derribos. Desde el Ayuntamiento se ofreció a los afectados el pago de dos años de alquiler en otros alojamientos, pero estos exigían una vivienda en régimen de propiedad.
González denuncia que el derribo de Cho Vito atendió a “intereses especulativos” por parte de las administraciones competentes: “En la aprobación inicial del Plan General de Ordenación Urbana de Candelaria del año 2005, se detecta por parte de los ciudadanos el interés que representaba colocar una Unidad de Actuación en el suelo anexo a Cho Vito, con una capacidad de 15 adosados para lo cual era imprescindible la desaparición del poblado marinero”.
El Ayuntamiento de Candelaria no ha negado ni confirmado que esta fuera su intención. Tras reiteradas llamadas, manifiesta su “imposibilidad” de dar respuesta a las preguntas requeridas. El alcalde en funciones durante los desahucios, José Gumersindo García (actualmente investigado por un delito de prevaricación administrativa durante las obras de la urbanización Antón Guanche), fue relevado por la actual alcaldesa, Mari Brito.
Cho Vito no era el único barrio en Canarias afectado por la Ley de Costas. Alrededor de 110 poblados estaban en peligro de ser derribados. “Aquella lucha de Cho Vito, que traspasó nuestras fronteras, hizo replantearse a las administraciones, las actuaciones en costas”, declaró González. Sin embargo, muchos continúan batallando contra las administraciones con el fin de hacer valer sus derechos.
Poblados al borde del abismo
Estos son algunos ejemplos de los barrios afectados por la Ley de Costas en Tenerife
Son muchos los perjudicados que denuncian la arbitrariedad de la Ley de Costas. El portavoz expone que “desde su punto de vista, tanto la reforma de 1988 como la nueva de 2013, continúan siendo especulativas y solo beneficiosas para los poderes fácticos, hoteles, mansiones, villas, etcétera”.
Fran Pallero expresa su opinión al respecto: “Si nos ponemos a patear la isla veremos sitios más preocupantes que Cho Vito. Se empeñaron en levantar el poblado por intereses que hasta hoy en día se me escapan”. Por el contrario, Ángel Lobo discrepa afirmando que “no puede haber” una diferencia en el tratamiento de los casos particulares y las empresas hoteleras.
EL HOTEL DE LA TEJITA
El Hotel de La Tejita continúa en construcción durante el estado de alarma. (Laura Cabrera)
En el sur de Tenerife, concretamente en el municipio de Granadilla de Abona, a cuarenta kilómetros del antiguo poblado de Cho Vito, se disputa una lucha contra las administraciones desde hace cuatro años.
El 29 de diciembre de 2015, el Ayuntamiento del municipio, gobernado por Coalición Canaria, anunció la construcción del hotel La Tejita Luxury Beach Club Resort, un macrocomplejo de 26.000 metros cuadrados, el equivalente a cinco campos de fútbol, a veinte metros de la línea de mar.
El hotel poseería 276 metros de frente de playa. Asimismo, coincidiría, al oeste, con los lindes de la Reserva Natural Especial de Montaña Roja. La situación alarmó a múltiples asociaciones ecologistas, políticos y ciudadanos, que no tardaron en manifestarse en su contra.
“Nosotros empezamos en enero de 2016, hace cuatro años, cuando escuchamos en la prensa que se iba a dar luz verde a un hotel. Pensamos que iba a ser inminente. Éramos ciudadanos que estábamos en contra y empezamos a movilizarnos para ver cómo podríamos paralizar la obra”, explica Rubén Pérez, portavoz de la Plataforma Salvar La Tejita. El pasado 7 de marzo, el grupo organizó una manifestación en las inmediaciones del solar.
Entre las diferentes medidas que ha llevado a cabo la asociación para impedir el levantamiento de la obra hay presentaciones de denuncias, solicitudes de revisión del deslinde de la zona y peticiones al Parlamento Europeo: “Resulta imposible aceptar que una construcción de estas características vaya a integrarse en el entorno sin un impacto medioambiental y paisajístico significativo”. No obstante, para comprender este caso, es necesario atender a sus orígenes.
El hotel de La Tejita forma parte del Plan Costabella, de principios de los setenta, un proyecto aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo, que pretendía edificar toda la parte occidental de la parcela.
COSTABELLA
Los terrenos se clasifican como suelo urbano de uso residencial en 1971, pero el proyecto no se aprueba hasta 1973. En 1987 Montaña Roja es declarada Paraje Natural de Interés Nacional, quedando parte de Costabella dentro de la zona protegida. Hasta ese entonces solo se habían construido las carreteras de acceso a la playa. Sin embargo, en 1994, Montaña Roja pasa a ser considerada Reserva Natural Especial, y pierde cuatro hectáreas. Costabella queda fuera por pocos metros.
En 2002, con la admisión de un Proyecto de Compensación, el suelo de uso hotelero se amplía hasta ocupar 53 000 metros cuadrados. Ese mismo año se aprueba el actual deslinde, definiendo así el DPMT.
Cinco años más tarde comienzan las obras de la zona residencial Sotavento en la parte este de Costabella. En 2005 se aprueba Plan General de Ordenación y se firma un convenio con la empresa propietaria de los terrenos: Construcción y Promoción y Derivados S.A., sociedad perteneciente al Grupo Viqueira. En 2015, cuando se anuncia la edificación del hotel La Tejita Luxury Beach Club Resort, ya habían finalizado las obras del centro comercial La Tejita Street Market.
LOS MOTIVOS DE SALVAR LA TEJITA
La primera irregularidad que percibió la plataforma fue la existencia de dunas dentro de la parcela del hotel, un elemento paisajístico que, tal y como recoge la Ley de Costas, es considerado bien de dominio público marítimo-terrestre. Rubén Pérez declara que “sabían que se podía solicitar un cambio de deslinde si se reúnen una serie de condiciones. Por lo que, encargamos a una técnica un estudio en el que justificara que habían dunas y que el deslinde que se aprobó en 2002 estaba mal trazado”.
Nueve meses después de que la plataforma enviara el informe al Ministerio de Transición Ecológica recibieron, en noviembre de 2018, la aprobación del estudio. La subdelegación de Costas en Canarias debía de proceder a revisar el deslinde de la zona. Sin embargo, la administración atrasa dicha revisión tres meses, tiempo suficiente para que la empresa constructora obtuviera las licencias necesarias para proceder a la obra.
Costas presenta, en el mes de marzo de 2019, el nuevo plan provisional que, además de ubicar el deslinde por detrás de las dunas que se encuentran dentro de la parcela, aumenta la zona de servidumbre de protección a cien metros, afectando al 90% de la edificación. No obstante, las obras comienzan un mes más tarde.
Es entonces cuando la asociación decide actuar por la vía judicial, y entrega al Juzgado de Instrucción de Granadilla de Abona una denuncia contra el Grupo Viqueira por un “presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente”, pues, tal y como se contempla en la ley, “la providencia de incoación del expediente de deslinde implicará la suspensión del otorgamiento de concesiones y autorizaciones en el dominio público marítimo-terrestre y en su zona de servidumbre de protección”.
El portavoz expone que “cuando Costas hace un requerimiento de paralización incluye la reposición de los destrozos a su estado anterior. La detención se cumplió a medias, porque solo detuvieron la construcción en la zona de dominio público propuesta, y el terreno que tenían que reponer no lo han restablecido. Lo hemos denunciado a la fiscalía, de hecho siguen a día de hoy las piedras igual de colocadas y no ha habido sanción alguna”.
Extractos del Convenio Urbanístico del Hotel de la Tejita.
Autorización de la revisión del deslinde del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Imágenes de las dunas formadas en el interior de la parcela del Hotel de La Tejita (Salvar La Tejita)
Extracto de la demanda presentada por Salvar La Tejita contra el Grupo Viqueira
Desde sus inicios, estando vigente la Ley de Costas de 1969, Costabella goza de una servidumbre de protección de veinte metros. Tras la entrada en vigor de la modificación de la Ley de 1988, que imponía la ampliación a cien metros, se permitía mantener los veinte metros en aquellos terrenos que hubieran sido urbanizados antes de 1988. Costas, atendiendo a este derecho, vuelve a reducir la zona de servidumbre a veinte metros.
La administración alega que, basándose en documentación aportada por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Granadilla, “no puede afirmarse de manera taxativa” que el terreno estuviera urbanizado antes de 1988. Sin embargo, defienden que en dos de los informes presentados se puede “deducir” que varias obras realizadas en 1991 y 1994 eran “complementarias” al proyecto, iniciado antes de 1988.
Los dos informes en los que se basa el Servicio Provincial proceden de la Viceconsejería de Política Territorial durante la dirección de Jesús Romero, de Coalición Canaria. Actualmente, el exviceconsejero, está siendo investigado por el caso Monkey Beach Club, local de ocio situado en Costa Adeje, que incumple también la Ley de Costas y que se expondrá posteriormente.
Jesús Romero fue sustituido en julio de 2019 por José Antonio Valbuena, que pasó a ocupar el cargo de consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias. Este decide intervenir, pero, tal y como denuncia la asociación, su implicación es “incongruente” ante “irregularidades que han habido en la comunicación de documentos”.
Aumentar la zona de servidumbre a cien metros “supondría una modificación del aprovechamiento urbanístico que podría dar lugar a indemnización, ya que en la parcela afectada por la modificación del deslinde existe una licencia de edificación ya otorgada”, declaró en su momento Costas.
“No se puede permitir que esta empresa, que se ha empeñado en construir un hotel donde no corresponde, se lleve un dineral por evitar la obra. Personalmente, entiendo que habría que reportar lo que les costó el solar y no más. Lo que se han gastado en el edificio es porque se han empeñado. Es justo que pierdan esa parte y que se vean obligados a devolver el terreno a su estado anterior”, afirma Félix Hernández, exconcejal del Ayuntamiento de Granadilla por Izquierda Unida y miembro de la Plataforma Salvar La Tejita.
El exconcejal da su opinión al respecto: “El proyecto no se ha parado porque no hay suficiente voluntad política. Las leyes son interpretables y el sistema normalmente defiende a los poderosos. Seguramente, si estuviéramos ante una vivienda de personas trabajadoras, la respuesta sería muy distinta. Esta es la realidad de Canarias”.
Rubén Pérez manifiesta su descontento con las administraciones públicas que, según aclara el portavoz, “no defienden los intereses de la ciudadanía. Hay una diferente vara de medir en función de quién sea el propietario: cuando tienen un poder adquisitivo pequeño no hay tanto problema para hacer cumplir la ley, pero cuando se encuentran con una multinacional, la cosa cambia”.
La construcción del hotel de La Tejita sigue en marcha, al igual que la revisión del deslinde. En total hay tres procesos jurídicos abiertos: una denuncia penal, interpuesta por la plataforma en Granadilla de Abona, otra por la vía del Contencioso- Administrativo, entregada junto a ATAN y otra tramitada por Podemos Canarias ante la Fiscalía.
LA RESPUESTA DE LAS ADMINISTRACIONES Y LA EMPRESA
Tras varias llamadas telefónicas durante semanas, el Grupo Viqueira informa que no va a prestar declaraciones acerca del proyecto. Sin embargo, en junio de 2019, la empresa expresó en un comunicado enviado a medios locales: “Hemos cumplido escrupulosamente todos los requisitos y normas para la obtención de las licencias necesarias para su ejecución y así lo acredita toda la documentación que ha estado y está a disposición de los interesados en los organismos públicos”.
Además, añadían que “ante cualquier coacción o amenaza que pretenda impedir o dificultar la ejecución de las obras autorizadas será adecuadamente respondida mediante el ejercicio de las acciones legales que correspondan”.
El alcalde del Ayuntamiento de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, que ha evadido las preguntas que se le plantearon durante más de un mes, declaró a Diario de Avisos que cuando concedieron la licencia a finales de 2018 “el proyecto cumplía con todos los parámetros legales exigidos, incluido el de Costas, porque esa parcela estaba fijada en el Plan General de Ordenación como suelo turístico, cuando ya mucho tiempo atrás era suelo urbanizable”.
Regalado explicó la situación: “Hay que dejar claro que la revisión de deslinde en la servidumbre de protección que anuncia Costas, y que ha paralizado parte de las obras, es posterior al otorgamiento de la licencia, un hecho al que la empresa ha presentado alegaciones. Es Costas quien debe dar explicaciones por ese nuevo deslinde, después de informar del proyecto. Yo no soy jurista, pero no puede trazarse un deslinde con carácter retroactivo”.
Después de contactar en numerosas ocasiones a través de vía telefónica y correo electrónico, el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife trasmite que "no dará" respuesta a las cuestiones enviadas, al igual que el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, que durante un mes evadió las preguntas alegando dificultades por el estado de alarma.
MONKEY BEACH CLUB
El Monkey Beach Club permanece cerrado (Extraído de la demanda presentada por el C.C. Galaxia)
“Me fui de vacaciones y al día siguiente me estaban pidiendo la rectificación de una de mis noticias. No se me olvidará nunca lo mal que lo pasé sabiendo que no tenían ni un mínimo argumento a su favor. Me amenazaron con llevarme a los tribunales, pero yo con este tema iría hasta el final”, recuerda David Cuesta, periodista especializado en el caso Monkey Beach Club, restaurante y sala de fiestas situado en la Playa de Troya, Costa Adeje.
Los hermanos Cabrera Lozada son propietarios del local de ocio que, desde sus inicios en 1975, no poseía los permisos demandados por la legislación. Cuesta aclara que “un informe elaborado en marzo de 2019 por la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, a petición de la Delegación del Gobierno, expone que la construcción que había anterior a la ampliación no tiene licencia o permiso”. La edificación, de carácter ilegal, se construye invadiendo el DPMT y las zonas de servidumbre.
Deslinde y servidumbres del Monkey Beach Club
Sin embargo, la polémica surge mucho después. Tras la puesta en marcha de la ampliación del establecimiento, los vecinos del Complejo Galaxia presentan una denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Canarias. La demanda recoge que se anulen las autorizaciones concedidas por la Consejería de Política Territorial del Gobierno Autonómico y por el Ayuntamiento y “procedan a la restitución de las cosas y reposición a su estado anterior a las obras". La ampliación del edificio ha provocado la formación de una pantalla arquitectónica prohibida por la Ley de Costas.
Pero, entonces, ¿cómo es posible que se autoricen las obras si la Ley de Costas las restringe?
El periodista indica que “hay un texto, que es a lo que ellos se agarran: el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad Turística de Costa Adeje (PMM). Eran unos documentos para rehabilitar los hoteles de las zonas turísticas y además, que ahí es donde está la trampa, a muchos les permitía crecer en altura”. El PMM de Costa Adeje, aprobado por el Gobierno de Canarias en mayo de 2015, permitía la construcción de dos plantas con un valor de más 600 metros cuadrados en el espacio Monkey Beach Club. Las reformas del “Proyecto de Ampliación” fueron autorizadas concretamente por el antiguo viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Jesús Romero.
Este plan se aprueba sin contar con un informe de la Demarcación de Costas de Santa Cruz de Tenerife, necesario para que se realicen las obras. El Ayuntamiento de Adeje, por su parte, aporta la licencia municipal de obras en mayo de 2017. Por otra lado, la demanda expone: “Según se ha tenido conocimiento a través del complemento del expediente administrativo remitido por la Administración Periférica del Estado, mediante resolución de fecha 1 de marzo de 2017 de la Jefa del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife, se autorizó a la entidad Nuevo Servicio Turístico, JCC, SL la realización de las obras previstas en el proyecto ‘Ejecución de reforma de terrazas de Monkey Beach 11 Club’".
Extracto del expediente administrativo de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de 2015 (Documento extraido de la demanda del C.C. Galaxia contra el Monkey Beach Club)
Informe suscrito por el viceconsejero de Politica Territorial del Gobierno de Canarias en 2017 (Documento extraido de la demanda del C.C. Galaxia contra el Monkey Beach Club)
Extracto del informe de inspección ordenado por la jefatura del Servicio de Gestión del Dominio Puúblico de 2018 (Documento extraido de la demanda del C.C. Galaxia contra el Monkey Beach Club)
Las obras que integraban dicho proyecto consistían en la demolición de las terrazas que incumplen la legalidad, la adecuación de las escaleras existentes de acceso a la playa, reforma de las terrazas y reubicación de escaleras, así como la reparación y consolidación de la baranda acristalada. Costas de Santa Cruz de Tenerife se respalda en este proyecto para excusar la ampliación del restaurante. Cuesta afirma que “ellos defienden que eran dos planes distintos, pero no lo son. Están hechos por el mismo arquitecto y relacionados el uno con el otro”.
A pesar de estas modificaciones, el establecimiento sigue incumpliendo la ley. En primer lugar, por la creación de pantallas arquitectónicas en zona de influencia y, en segundo lugar, por la ocupación de la zona de tránsito.
Además, el PMM fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por tres motivos: la presentación de un informe desfavorable de la Secretaría General de Telecomunicaciones, otro informe del Consejo Insular de Aguas de Tenerife y el hecho de no consultar al Ayuntamiento de Arona para llevar a cabo las obras.
“A día de hoy, no hay nada que legalice el edificio. Yo creo que lo van a tener que acabar tirando tarde o temprano”, opina Cuesta. Ángel Lobo también considera que el establecimiento será demolido y califica el caso como todo un “despropósito”.
¿QUIÉN ES EL RESPONSABLE?
“Costas es la peor administración que hay en Canarias con diferencia y son los principales culpables de este caso”, afirma Cuesta. Asimismo, asegura que es por “no complicarse la vida, una cosa de incompetencia”, producto de un “mal funcionamiento” de la institución. Un ejemplo de ello es cuando desoyó las advertencias del técnico medioambiental del Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife tras la inspección del local de ocio. Este transmitió que las obras supondrían un aumento de volumen y altura.
Actualmente, debido a la denuncia producida por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, se encuentran investigados el exviceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Jesús Romero (CC), que autorizó las obras; el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE); el resto de concejales de la Junta de Gobierno local que concedió la licencia y los técnicos municipales implicados.
Después de numerosas llamadas y correos electrónicos, tanto el alcalde del Ayuntamiento de Costa Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, como el consejero de Transición Ecológica y del Medioambiente, José Antonio Valbuena, han dilatado en el tiempo las preguntas a las respuestas que finalmente no han atendido. Los propietarios del Monkey Beach Club no responden por ninguna vía de contacto. Desde el Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife trasladan que no van a dar la información solicitada.
LA REPERCUSIÓN AMBIENTAL
En España más de la mitad de la población vive en el litoral. Este hecho afecta a la biodiversidad y provoca una mayor vulnerabilidad ante los impactos del cambio climático.
Canarias es la comunidad autónoma con mayor área natural costera desprotegida, según el informe A toda Costa 2019 de Greenpeace. Concretamente el 21% de los hábitats naturales no están protegidos, de los cuales, un 20,3% son de interés comunitario y un 22,9% concebidos como prioritarios para su conservación por la Unión Europea.
Ángel Lobo señala que Canarias tiene mucha superficie protegida, pero lo que más está desprotegido es el litoral: “Es muy sencillo preservar barrancos, laderas, montañas, porque su viabilidad económica o posibilidad de construirse son escasas. Sin embargo, el litoral, que es el espacio más interesante desde el punto de vista económico, se encuentra menos protegido”.
Greenpeace considera que “la Ley de Costas de 1988 ha funcionado bien en la protección del uso público de las playas, pero ha tenido un éxito muy limitado como herramienta para garantizar la sostenibilidad en el litoral fuera del dominio público. Por sí sola, esta ley no ha sido suficiente. Ha fracasado en el objetivo de poner freno a la urbanización desbocada”.
“Las singularidades biogeográficas de las aguas canarias y sus características oceanográficas hacen de las mismas un enclave atlántico diferenciado: prueba de ello, por ejemplo, es la presencia de ciertos grupos de mamíferos marinos que frecuentan el mar de Canarias o que residen de forma permanente en él, lo que convierte a nuestro archipiélago en uno de los lugares del planeta donde mayor número de cetáceos puede verse a lo largo del año”, explica José García, biólogo y ex técnico de la Consejería de medioambiente del Gobierno de Canarias.
Desde la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) se estima oportuno aumentar el dominio público para “proteger la forma de vida en esa franja de costa y permitir que pueda ser disfrutada en su fisionomía natural por todas las personas”.
“La franja de contacto tierra-mar constituye un ecosistema y un paisaje muy rico en biodiversidad pero, a su vez, muy frágil. Ocuparlo atenta contra esa riqueza y fragilidad”, informa Fernando Sabaté, geógrafo y profesor de la Universidad de La Laguna.
García también considera que el litoral canario es un ecosistema “frágil” que necesita de una conservación especial: “Hay que tener muy en cuenta la creciente proliferación de infraestructuras que lo invaden, degradan y destruyen (urbanizaciones turísticas o residenciales en primera línea de costa, polígonos y puertos industriales, comerciales o deportivos, etcétera)”.
La alteración de los ciclos naturales que se producen en la costa es uno de los muchos perjuicios provocados por la construcción masiva en el litoral. “La pérdida de hábitat de especies que antes frecuentaban las zonas edificadas, la contaminación por vertidos y la contaminación lumínica a especies de hábito nocturno” son otros de los daños que contabiliza ATAN.
Sabaté apunta que “la existencia de una barrera de construcciones también afecta a la transmisión de nutrientes en ambos sentidos (tierra-mar y mar-tierra) y compromete la circulación de arenas de origen marino, que alimentan otras playas y campos de dunas o, en general, conforman ecosistemas arenosos dotados de un valor ecológico adicional”.
Además, la contaminación producida por las denominadas aguas negras provoca un exceso de nitrógeno que favorece la proliferación de algas verdes que reemplazan a otras comunidades vegetales más ricas y complejas. “En los casos más graves pueden provocar la destrucción completa del ecosistema marino”, manifiesta el geógrafo.
ATAN establece una división entre la contaminación dependiendo del tipo de construcción: “Los grandes hoteles alteran la costa con playas artificiales, diques y accesos privativos. Plantan especies vegetales invasoras en los alrededores que consumen un exceso de agua y colocan iluminación invasiva para especies de hábito nocturno. En suma, podría decirse que el efecto de una urbanización de casas particulares es menos dañino, aunque no posean sistemas de depuración de sus aguas”.
UNA POSIBLE REFORMA
Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, informó en el Congreso este pasado mes de febrero que reformará la Ley de Costas para frenar el "insostenible" desarrollo en el litoral y para que las Administraciones se anticipen a los impactos del cambio climático.
La subida del nivel del mar es una de las cuestiones más preocupantes en la actualidad. Un informe elaborado por el investigador Ignacio Losada, del Instituto de Hidráulica Ambiental de la Universidad de Cantabria, muestra que Canarias será la comunidad autónoma más afectada por el impacto del cambio climático en la costa: “Los valores estarían por encima de los 70 centímetros de media en la costa española, pero en Canarias sería de 1 metro a final de siglo”.
La ministra plantea necesaria la actualización de los deslindes trazados y anuncia que, para contrarrestar la "dejadez" en la aplicación de la Ley de Costas, presentará una “estrategia de fondo” para la protección de la costa antes del 2021. Asimismo, cataloga de errónea la modificación de 2013 del PP, que sirvió para ocupar aún más el litoral.
El pasado mes de mayo se aprobó en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de cambio climático y transición energética para remitirlo a las Cortes. El documento incluye un apartado específico sobre restricciones y limitaciones a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre. “La planificación y gestión de la costa perseguirá los siguientes objetivos: incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática e integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española”, expone. Ribera no ha podido atender a tiempo las cuestiones planteadas debido al COVID19.
Desde el punto de vista autonómico, PSOE y Podemos Canarias manifiestan en sus programas electorales las problemáticas surgidas en las costas y plantean posibles soluciones.
“Desde el Gobierno de Canarias aprobaremos y dotaremos presupuestariamente un plan de erradicación total de vertidos ilegales y contaminantes a nuestras costas. Promoveremos la máxima celeridad y rapidez en la tramitación de los expedientes de costas, de acuerdo a las nuevas atribuciones emanadas del Estatuto de Autonomía de Canarias. Pondremos en marcha planes de recuperación, vedas, recuperaremos fondos marinos, repoblaremos especies, crearemos arrecifes artificiales, reservas marinas de interés pesquero para proteger nuestro litoral”, declara PSOE de Canarias en su programa electoral de 2019.
El resto de partidos con representación en las Islas (Nueva Canarias, Partido Popular de Canarias y Ciudadanos) no mencionan nada al respecto en sus programas políticos.
Los Shoreline Managements Plans (SMP) del Reino Unido se encuentran actualmente en revisión para ajustarse, de la forma más adecuada posible, al desarrollo sostenible y a los impactos medioambientales. El 33% de la costa británica está impuesta a la máxima protección (Heritage Coast) para conservar los tramos sin edificar. Organismos como Countryside Commision o Countryside Commision for Scotland están elaborando programas de mejora del paisaje, accesibilidad y adecuación del uso público en el litoral. Además, el Ministerio de Environtment, Food and Rural Affairs introdujo el Making Space for Water (MSW) programme para resolver los efectos de la subida del nivel del mar.
El grupo de manifestantes ya había rodeado la mitad oeste de la parcela. De repente, se detuvo frente a la cerca de metal. Escrito con tinta negra podía leerse:
La multitud, excitada, comenzó a golpear las vallas con rabia, como si trataran de que el ruido de los impactos, motivados por un sentimiento de impotencia, llegara a oídos de todos.
“¿LEY DE COSTAS?”
El colectivo reclama la paralización de las obras (Laura Cabrera)